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Militares peruanos asesinan a estudiante

 

Lima, 29 de mayo, 2003. Un estudiante fue asesinado por disparos del Ejército en el departamento Puno (sudeste) en el segundo día del estado de emergencia en Perú.

 

La víctima de la represión gubernamental fue identificado como Eddy Quilca Cruz, por herida de bala en el abdomen. Extraoficialmente, se informó del asesinato de otro joven.

Estudiantes relataron a radioemisoras de Lima que los incidentes ocurrieron en las cercanías de la Universidad del Altiplano, en Puno (1.200 km al sudeste de Lima), donde efectivos policiales y soldados dispararon contra los estudiantes que se concentraban en el local universitario.


Varios de los heridos presentaban un cuadro de gravedad, informó el director del hospital, declarado en "alerta roja" para atender a los pacientes que ingresaron de urgencia.

El Defensor del Pueblo de Puno, Alfredo Herrera, relató a la AFP que soldados dispararon balas al aire y al ras del suelo para dispersar a cientos de estudiantes congregados ante la sede universitaria, y que policías lanzaron gases lacrimógenos.

El enfrentamiento generó una situación tensa y conflictiva en Puno, donde cientos de estudiantes marcharon por las calles de la ciudad hacia la plaza principal, fuertemente custodiada por soldados y policías.

Otros grupos de jóvenes se concentraron frente al hospital regional donde están internados los estudiantes, coreando lemas contra las fuerzas del orden y en respaldo a las huelgas de maestros y trabajadores del Poder Judicial.

Amnistía Internacional (AI) exhortó en Lima a las autoridades peruanas a que el estado de emergencia "no debe hacer olvidar su deber de respetar los derechos humanos".

AI también advirtió que la restricción de las libertades constitucionales "crea un escenario propicio para que se violen los derechos humanos fundamentales de las personas".

Pidió directamente al gobierno del presidente Alejandro Toledo a asegurar que las Fuerzas Armadas no violen el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, durante los 30 días que dure el estado de emergencia.